Desapariciones forzadas durante el franquismo
Las desapariciones forzadas constituyen uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España. Durante el franquismo, miles de personas fueron detenidas, fusiladas y enterradas en fosas comunes, quedando sus cuerpos ocultos o sin identificar, lo que sumió a sus familias en la incertidumbre y el dolor.
Se estima que unas 114.000 personas desaparecieron durante la dictadura. Esta cifra, procedente de organizaciones de derechos humanos y de informes de la ONU, no representa un registro oficial completo debido a la dificultad de documentar cada caso, la dispersión de los restos, el olvido institucional y la falta de voluntad política.
Además, uno de los aspectos más desgarradores de la represión franquista fue la desaparición forzada de menores. A pesar de que el fenómeno se extendió hasta los años 90, solamente entre 1944 y 1954, Amnistía Internacional estima que más de 30.000 menores fueron separados y separadas de sus madres y entregados al Estado o a terceros.
La represión no se limitó a las desapariciones físicas, sino también a impedir a las familias el derecho al duelo. Durante décadas, personas allegadas carecieron de información sobre lo ocurrido, no pudieron localizar los restos de sus seres queridos ni acceder a la justicia o a una reparación digna.
Con el tiempo, se aprobaron normas para atender esta deuda histórica. La Ley de Memoria Histórica (2007) y la Ley de Memoria Democrática (2022) reconocieron derechos como la búsqueda de desaparecidos, la apertura de fosas, la elaboración de mapas de localización y la creación de bancos de ADN para la identificación de víctimas.
No obstante, su aplicación ha encontrado serios obstáculos. Numerosas investigaciones judiciales se han archivado o cerrado en virtud de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de delitos o la muerte de los responsables. Ante estas limitaciones, han sido sobre todo las familias y las asociaciones de memoria histórica quienes han impulsado exhumaciones, identificaciones y reivindicaciones públicas, asumiendo un rol que el Estado no tomó de manera decidida.