Post el Caso Scala
El Caso Scala fue un proceso judicial desarrollado en los años de la Transición que, aún hoy, plantea muchas más dudas y sombras que certezas. La verdad del caso es secreto de Estado (acceso reservado) y lo seguirá siendo hasta 2028. Todo lo que se sabe hoy es gracias a los testimonios orales de las víctimas y de la prensa del momento.
Lo que sabemos es lo siguiente. El 15 de enero de 1978 hubo una movilización de 15.000 personas promovida por la CNT para protestar contra los Pactos de la Moncloa. La CNT, que además estaba en un momento importante de crecimiento de afiliados, no estaba conforme con los Pactos, a diferencia de UGT y CC.OO.
Durante la manifestación, tres afiliados de la CNT lanzaron cócteles molotov contra la fachada de la sala Scala. El edificio, de siete plantas, se derrumbó como consecuencia de las llamas y cuatro trabajadores de la sala perdieron la vida. La prensa empezó a hablar de una célula terrorista vinculada a la CNT, las FAI y a las Juventudes Libertarias.
La CNT se desmarcó del atentado, alegando que era absurdo que la CNT incendiase un local donde la mayor parte de los trabajadores eran afiliados a su organización anarcosindicalista. En diciembre de 1980, se celebró el juicio contra seis militantes anarquistas implicados en el lanzamiento de los cócteles. Tres de ellos fueron condenados a 17 años de prisión, aunque terminaron saliendo a los 8 años. Según su testimonio, ningún juez les tomó nunca declaración.
A partir de entonces, comenzaron a salir a la luz toda una serie de incoherencias y dudas para las que hoy sigue sin haber respuesta. Los acusados denunciaron haber firmado sus declaraciones bajo tortura, e incluso dos médicos advirtieron lesiones en dos de los detenidos. La defensa de los acusados igualmente recriminó que los restos de la sala Scala fueron derribados sin orden judicial, sin peritaje independiente y vetando el acceso a la zona. Además, diferentes testimonios afirmaban que el edificio había comenzado a arder por el extremo opuesto a donde se lanzaron los cócteles molotov.
Por su parte, el jefe superior del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Barcelona declaró que los daños del edificio únicamente podrían haber sido provocados por una bomba de deflagración masiva, compuesta de fósforo, del que habían encontrado restos en el lado contrario de donde se lanzaron los artefactos incendiarios. Alegó que el fósforo era propiedad única y exclusiva del Ejército, palabras que le costaron su destitución inmediata.
La defensa de los acusados señaló a un confidente policial llamado Joaquín Gambín, alias “El Grillo”. Gambín, desde antes de la muerte de Franco, formaba parte del equipo de la Brigada Político Social que se infiltró en diferentes movimientos antifranquistas. Tras los sucesos de Scala, Gambín desapareció, siendo detenido en Elche por un delito de estafa en 1979 y puesto en libertad en 1980. Las sospechas de amaño policial de los sucesos de Scala se incrementaron y, ante la presión mediática, Gambín fue detenido en 1983 y sometido a juicio.
“El Grillo” terminó confirmando haber trabajado para el servicio de información y haberse infiltrado en el movimiento anarquista de Barcelona. También señaló a otros importantes policías de haber organizado un montaje en la sala Scala. Gambín fue finalmente condenado a 7 años de prisión por la elaboración de los cócteles molotov.
El entonces Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, acusado de crímenes de lesa humanidad durante el franquismo, pagó a los familiares de las víctimas para intentar compensar los daños de lo que se consideró un accidente laboral, y para que los familiares no se personaran como perjudicados en el sumario. La última incógnita del caso tiene que ver con una unidad móvil de RTVE, que desapareció aquella mañana antes de los acontecimientos. Esta unidad iba a retransmitir el programa Scala por la noche.
La ciudadanía entendió que la CNT podría ser algo parecido a una organización terrorista, criminalizando al sindicato y al movimiento libertario. Las bajas fueron masivas, la CNT se quedó sin el apoyo de los trabajadores y, además, fuera del modelo sindical pactado entre UGT, CC.OO. y el Gobierno de Suárez, al ser la única organización sindical contraria a los Pactos de la Moncloa.
Veinte años después del suceso, la Asociación de Víctimas del Terrorismo consiguió que los fallecidos en la sala Scala fueran considerados víctimas del terrorismo. En febrero de 2023, se celebró por primera vez un acto de conmemoración a las víctimas, al que asistieron los familiares, colocando un atril en el que se destaca que los sucesos fueron un “crimen de Estado”.