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Hoy, 15 de septiembre de 2023, es un día histórico para España. Julio Pacheco Yepes, víctima de detención arbitraria y torturas por pertenecer a un movimiento antifascista que se oponía al régimen franquista, se sienta a testificar delante de un Juez. Este acontecimiento formará parte de la historia de España, puesto que es la primera vez que una víctima del régimen perpetrado por Francisco Franco tiene la oportunidad de que su testimonio sea llevado ante la justicia en España.

La lucha de las víctimas por conocer la verdad se inició ya en los años 2000 con la generación de los nietos, aquella que lejos de los traumas generados por la Guerra Civil y el franquismo, empezó a exigir el final del silencio social e institucional que se había perpetuado durante más de 20 años en España. Más concretamente, fue Emilio Silva buscando a su abuelo en una fosa común de Priaranza (León), quien marcó un hito en la lucha por la verdad y la justicia con lo que ya se conoce como la exhumación de los 13 de Priaranza.

Es importante saber que hay un motivo para esta falta de acceso a la justicia: la ley de Amnistía de 1977. A pesar de que esta Ley, también conocida como Pacto del Olvido, fue elaborada con el objetivo de lograr una transición hacia la democracia dejando atrás las atrocidades vividas en las últimas décadas, ha supuesto y sigue suponiendo la impunidad de aquellos que cometieron masivas violaciones de derechos humanos.

Así, las víctimas de desapariciones forzadas, agresiones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias, entre otras, siguen desamparadas 50 años después. 50 años sin tener un acceso efectivo a la justicia, sin haber encontrado la verdad del paradero de sus familiares, sin haber recibido la reparación pertinente y sin haberles garantizado que tales acontecimientos no volverán a repetirse.

Cabe señalar que debería ser responsabilidad del Estado proteger el derecho de las víctimas como Julio a acceder a la justicia, conocer la verdad, recibir una reparación digna y garantizar que sus derechos no van a volver a ser vulnerados de una forma tan cruel. De esta forma, se estaría proporcionando una adecuada (y bastante tardía) justicia transicional entre el periodo de represión y el periodo democrático que se vivió en España durante los años 80.

Es indiscutible que, además, la memoria juega en este proceso un papel clave. Sin la existencia de mecanismos adecuados que permitan el recuerdo de estos acontecimientos históricos, no hay manera de que las víctimas puedan ser escuchadas y atendidas, y, por lo tanto, no reciban la justicia y el reconocimiento que merecen.

Por ello, la ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 supone una brecha en el muro de la impunidad franquista, al dar espacios para que las víctimas cuenten su verdad. Esta Ley pretende garantizar la puesta en marcha de mecanismos y medidas, como la creación de un banco de ADN o de una Fiscalía para la Memoria, que brinden la oportunidad a las víctimas de ser escuchadas y reparadas de una forma integral, y que permitan que sus victimarios no sigan viviendo en la impunidad.

De esta forma, la memoria individual de Julio, junto con la del resto de millones de víctimas del franquismo, forma parte de una memoria colectiva que es imprescindible recordar. Sumando este relato colectivo a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar los derechos de las víctimas, se crea una memoria democrática sólida en la que no deben tener lugar las violaciones masivas de derechos humanos.

Hoy, España es un poco más justa, más libre y más democrática. Hoy, España cumple con sus obligaciones internacionales, que llevan siendo ignoradas durante décadas. Hoy, Julio y su familia, al igual que el resto de las víctimas, están un paso más cerca de encontrar la verdad, la justicia y la reparación que merecen. Hoy, y ojalá sea así siempre.

Nadia Gayoso de la Calle – responsable de proyectos del área de memoria democrática y justicia transicional.