Ley de Responsabilidades Políticas
La Ley de Responsabilidades Políticas fue un instrumento de la política represiva del régimen franquista, promulgada en febrero de 1939 tras la ocupación de Cataluña, casi al final de la Guerra Civil.
La Ley tenía como cometido liquidar las culpas de aquellos que habían contribuido a "forjar la sublevación roja", entorpeciendo el triunfo del Movimiento Nacional. Así, en España podrían convivir quienes habían "salvado a la patria" y quienes estaban dispuestos a borrar su pasado y comprometerse a no volver a "extraviarse".
Se consideraba responsables a todas las personas o entidades que se hubieran afiliado o desempeñado algún cargo en el Frente Popular, o que se hubieran opuesto al bando sublevado. La lista fue extensa, incluyendo varios partidos políticos y sindicatos de trabajadores, que fueron declarados prohibidos y se expropiaron sus bienes en favor del Estado.
Las personas eran sometidas a un procedimiento judicial ilegal y sin garantías. Se realizaban investigaciones de antecedentes políticos, bienes, familiares y círculos sociales de las personas, para luego establecer una condena.
Las condenas podían llegar a establecer limitaciones a la actividad e inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos, la confiscación de tierras, la expropiación de bienes o incluso el destierro y la pérdida de la nacionalidad española, entre otras penas.
Los procesos judiciales ilegales se realizaban incluso ante personas ausentes o fallecidas, por lo que muchas veces se utilizaba como instrumento de venganza y hostigamiento contra las familias de éstas, con el establecimiento de multas económicas que también derivaban en la imposibilidad de disponer de sus bienes.
La ley fue derogada en 1945 al entenderse que ya había cumplido su cometido en la persecución de todos aquellos colaboradores del bando republicano y al no encontrarse nuevos casos.