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En los últimos meses, tanto en la Comunidad Valenciana como en Aragón y Castilla y León se han propuesto las conocidas “Leyes de Concordia”. Estas medidas legislativas, a las que FIBGAR se opone, constituyen una vulneración de los valores democráticos, además de un retroceso de lo conseguido con dificultad por parte de la sociedad española.

La aprobación de una sola de estas leyes supondría un recorte de los derechos humanos de las víctimas y un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado español de respeto, protección y garantía del derecho a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, y, por supuesto, la memoria.

En el caso valenciano, la Ley de Concordia fue propuesta el 21 de marzo de 2024 y su aprobación supondría la derogación de la Ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana (Ley 14/2017). Esta proposición de ley deja en 5 artículos los 65 artículos establecidos por la Ley 14/2017, recortando así los numerosos derechos y medidas ya conseguidos en la Comunidad, justificándose en que a través de la Ley 14/2017, se tergiversa la historia y se favorece a una manipulación de la conciencia individual. 

Las nuevas medidas adoptadas en la proposición de ley establecen el ámbito temporal para el reconocimiento de víctimas desde 1931 hasta la actualidad contando también con las víctimas del terrorismo, disuelven los organismos e instituciones de memoria ya establecidos por la Ley 14/2017 mientras que delega sus tareas y obligaciones en una nueva “Unidad Valenciana de la Concordia”, además de terminar con los procedimientos en materia de memoria en tramitación que ya hayan sido iniciados, pero no concluidos, cuando esta proposición de ley entre en vigor.

La proposición de ley de Castilla y León, siendo algo más amplia que la de la Comunidad Valenciana, deroga también el marco normativo de la Comunidad en materia de memoria, el Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León (Decreto 9/2018). La justificación de esta proposición de ley recae en el argumento de terminar con la visión partidista de la sociedad, y establece como objetivo favorecer la concordia en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

A pesar de que su articulado recoge diferentes medidas para el procedimiento de localización y exhumación de los cuerpos que yacen en las fosas comunes en el territorio de la Comunidad, destaca el artículo 4.4, en el que se establece que los procesos de exhumaciones no podrán ser difundidos públicamente con imágenes, documentos u otro tipo de material. Esta medida fomenta el secretismo y contribuye a que los asesinatos masivos que se produjeron durante la Guerra Civil y el franquismo queden en la memoria individual de las personas y las familias, y no trasciendan a la memoria colectiva de todo un país.

Además, el artículo 13.7, sobre solicitud, procedimiento administrativo y resolución de las exhumaciones, declara que si no se da la resolución de la solicitud de exhumación en un plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento administrativo, las personas interesadas pueden dar por desestimadas sus peticiones por silencio administrativo. Este corto plazo supone una arbitrariedad a la hora de resolver las solicitudes, favoreciendo que solo se resuelvan en un plazo menor al establecido aquellas solicitudes de exhumación que le interese a la Administración.

A diferencia de la proposición de ley de la Comunidad Valenciana, este documento establece que la tramitación de procedimientos en materia de memoria iniciados antes de la entrada en vigor de esta medida, se regirán por lo que la actual norma dice y no decaerán automáticamente cuando entre en vigor, como en el caso de la Comunidad Valenciana.

En Aragón, aunque aún no se ha hecho pública ninguna normativa, se habla de un Plan de Concordia que aúne a todos los aragoneses entorno a la Constitución de 1978 según la consejera de la Presidencia, Interior y Cultura, Teresa Hernández. Para lograr la “concordia” entre el pueblo aragonés, este Plan se basa en tres ejes: derechos humanos y valores democráticos como igualdad, libertad y diversidad ideológica; dignidad de las víctimas (identificación, exhumación y recuerdo); y comprensión del pasado como una herramienta para una coexistencia serena.

Pese a que todas estas normativas intentan dar una visión de la historia española fundamentada en los derechos humanos y las libertades recogidas en la Constitución de 1978, cabe destacar que esto es solo un disfraz al revisionismo histórico que se pretende llevar a cabo y al blanqueamiento de la historia nacional, fundamentado en la ausencia de palabras tan clave como “dictadura” o “golpe de Estado”.

Este tipo de medidas han incentivado que se cree la Comisión Cívica por la Memoria, Valores Constitucionales y Libertad. Esta Comisión, de la que FIBGAR forma parte, pretende aunar fuerzas a través de un Manifiesto (leer más abajo) que reúne a numerosas organizaciones y a distintas personas en contra de la batería de medidas adoptadas por la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana.

No debemos olvidar que la proposición de ley valenciana, junto con el plan de Aragón y la ley de Castilla y León, son solo un ejemplo de lo que está ocurriendo a lo largo de toda Europa: olas totalitarias que amenazan nuestras democracias y que pretenden reescribir la historia.

Por ello, el miércoles 24 de abril, se debatió en el Parlamento Europeo acerca de estas leyes en una sesión titulada “Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los recientes intentos de negar las dictaduras y el riesgo de que Europa vuelva al totalitarismo”. 

En este debate se puso en valor que “el totalitarismo no es un riesgo, es una realidad” (Manu Pineda), alegando que “los valores europeos que nos unen y que defendemos no pueden negar la dictadura franquista porque eso es negar a las víctimas perseguidas, encarceladas o asesinadas por un régimen totalitario” (Inma Rodríguez-Piñero). Además, se resaltó que la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana “queda fuera del marco europeo que defiende la memoria democrática mediante el programa CERV, en conmemoración de las víctimas de todos los regímenes totalitarios” (Domènec Ruiz Devesa). No debemos olvidar que “Europa no puede construirse desde la injusticia, el olvido o el odio al diferente” (Alicia Homs Ginel), y que debemos “enarbolar el antifascismo (…) en nombre de todos aquellos que lucharon por nuestra libertad” (Matjaz Nemec).

Artículo escrito por Nadia Gayoso de la Calle, responsable de memoria democrática y justicia transicional de FIBGAR