Consejo de Memoria Democrática
El pasado 22 de diciembre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió la primera reunión del Consejo de Memoria Democrática.
El Consejo nace del artículo 57 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, pero han tenido que pasar más de dos años y medio para que se lleve a cabo su desarrollo reglamentario (Real Decreto 265/2025 de 8 abril 2025) y más de tres para que se constituya.
El Consejo es un órgano colegiado y consultivo, por lo que su principal función es emitir informes y dictámenes sobre sobre el Plan de Memoria Democrática; el plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas; y las propuestas de desarrollos reglamentarios de la Ley de Memoria Democrática.
Entre sus tareas también está elaborar informes y recomendaciones sobre la política pública de memoria democrática y la valoración y emisión de dictámenes en relación con las medidas y programas impulsados en este ámbito, incluidas las subvenciones y ayudas dirigidas a las entidades memorialistas.
El Consejo lo constituyen 30 vocales más la presidencia y vicepresidencia, que corresponde a las personas titulares del Ministerio y Secretaría de Estado de Memoria Democrática. 14 de estos vocales son institucionales; 2 son profesionales de reconocido prestigio (Baltasar Garzón y Cristina Almeida); otros 2 son representantes de los sindicatos CCOO y UGT; otros 2 de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME; y 10 son vocales que representan a asociaciones memorialistas.
Estas 10 entidades memorialistas son: Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR); Asociación Descendientes del Exilio Español; Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía; Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España; Asociación de Memoria Social y Democrática; Todos los Niños Robados son también mis Niños; Associació per a la Recuperació de la Memòria de Mallorca; Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme; Fundación Luis Tilve; y Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en 1936.
Así, su labor resulta clave para asegurar que las políticas de memoria no sean coyunturales, sino sostenidas en el tiempo, con una mirada de futuro orientada a la educación en derechos humanos y a la consolidación de una cultura democrática sólida en España.