Patronato de Redención de Penas por el Trabajo
El régimen franquista estableció una política pública que concedía reducciones de penas de los presos mediante trabajo conocida como Redención de penas por el trabajo y formalizada por el Decreto 281 del 28 de mayo de 1937, “otorgando”, según el régimen, el “derecho al trabajo” a aquellos presos condenados por delitos de guerra o no comunes.
El sistema se institucionalizó en 1942 con la creación del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, que coordinaba destacamentos penales y campos penitenciarias donde los reclusos eran enviados a realizar trabajos forzados.
El discurso oficial diferenciaba entre los "criminales empedernidos" y los "redimibles", afirmando que estos últimos debían tener la oportunidad de redimirse mediante el trabajo. Sin embargo, en la práctica, este sistema se tradujo en la explotación de los presos como mano de obra barata para la realización de obras calificadas de interés nacional y proyectos de reconstrucción después de la guerra.
Estos trabajos se realizaban en condiciones de semiesclavitud. Un ejemplo es la construcción del tramo ferroviario entre Madrid y Burgos, llevada a cabo entre 1941 y 1950, donde cientos de presos políticos fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas bajo la supervisión del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo.
Además del trabajo físico, el régimen también promovía la "redención por el trabajo intelectual", que incluía la participación en cursos de instrucción religiosa y cultural dentro de las cárceles como parte del adoctrinamiento hacia los valores del régimen franquista.
Este sistema de redención de penas por el trabajo también tenía implicaciones legales. Según el Código Penal de 1973 y el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, los presos podían redimir un día de condena por cada dos días de trabajo, con la posibilidad de redenciones extraordinarias en casos de laboriosidad y disciplina destacadas.
Así, no solo servía para aliviar la sobrepoblación carcelaria y reducir costes, sino que también funcionaba como una herramienta de represión y control social, al tiempo que proporcionaba beneficios económicos al Estado y a las empresas que se beneficiaban de esta mano de obra forzada.